Ernest Urtasun, ministro de Cultura, vuelve a poner la Tauromaquia en el centro de su discurso político. El responsable de la desaparición del Premio Nacional de Tauromaquia de los galardones concedidos por el Ministerio de Cultura ha anunciado ahora su intención de impulsar la derogación de la Ley 18/2013, que reconoce al toreo como patrimonio cultural, en caso de que su formación participe en el próximo Gobierno de España.
El anuncio llega después de que el Partido Popular manifestara su compromiso de recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia si obtiene la victoria en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Urtasun ha respondido a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que plantea como una de sus prioridades políticas acabar con la protección legal que actualmente ampara a la Tauromaquia como manifestación cultural.
Esta nueva iniciativa vuelve a abrir el debate sobre la relación entre política y Tauromaquia, en un contexto en el que el sector reivindica su actividad, su presencia en los espectáculos públicos y su contribución cultural y económica. La celebración de festejos en España, la asistencia a las plazas y las audiencias televisivas constituyen algunos de los indicadores que el mundo taurino utiliza para defender su vigencia y respaldo social.
La postura del ministro ha generado críticas desde el ámbito taurino, que considera que sus planteamientos responden a una oposición ideológica hacia una actividad que, además de su dimensión cultural, sostiene miles de empleos y contribuye al mantenimiento económico de numerosas familias.
La Tauromaquia también mantiene una estrecha relación con distintas disciplinas artísticas. Pintores, escritores, escultores y músicos han encontrado históricamente en el toreo una fuente de inspiración, consolidando su presencia en el patrimonio cultural español.
Mientras Urtasun insiste en cuestionar su reconocimiento institucional, la actividad taurina continúa desarrollándose en las plazas y manteniendo su vínculo con numerosos aficionados. Una realidad que el sector reivindica frente a los intentos de limitar su protección desde el ámbito político.