El interés público no puede quedar al margen en Zaragoza
El debate sobre la gestión de las plazas de toros de titularidad pública vuelve a poner sobre la mesa una cuestión esencial: ¿qué debe prevalecer cuando una administración saca a concurso la explotación de un coso taurino? La respuesta, al menos desde el punto de vista jurídico y político, parece evidente. El interés público.
Rubén Sánchez
Coordinador
La tauromaquia cuenta en España con el reconocimiento de Patrimonio Cultural y, como tal, las administraciones tienen la obligación no solo de garantizar su desarrollo dentro de la legalidad, sino también de favorecer las condiciones para que esa actividad cultural pueda crecer y proyectarse. La recaudación económica forma parte de esa ecuación, pero no puede convertirse en el único objetivo.
Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos concursos públicos han terminado priorizando casi exclusivamente el rendimiento económico de las plazas. El resultado ha sido una visión reduccionista que ha confundido la rentabilidad inmediata con la defensa del interés general. Y cuando esto sucede, el toreo deja de ser considerado una actividad cultural que debe protegerse para convertirse únicamente en una fuente de ingresos para la administración de turno.
El caso de Zaragoza vuelve a reflejar ese problema. La paralización del proceso de adjudicación de La Misericordia por parte del tribunal competente no responde a ninguna supuesta conspiración empresarial ni a intereses ocultos. Si un órgano administrativo estima recursos y cuestiona un procedimiento, lo hace porque aprecia deficiencias jurídicas que deben ser corregidas. Esa es precisamente la función de los mecanismos de control en un Estado de derecho.
Por ello, resulta difícil aceptar determinados discursos que intentan presentar las resoluciones judiciales como obstáculos artificiales al desarrollo de la actividad taurina. La verdadera amenaza para el interés público no es que existan recursos o controles legales. Lo preocupante es que se impulsen procedimientos que acaben siendo cuestionados por no ajustarse plenamente a la normativa vigente.
La responsabilidad de que un concurso sea suspendido o corregido no recae sobre quienes ejercen su derecho a recurrir, sino sobre quienes redactan y aprueban los pliegos. Desviar la atención hacia presuntas maniobras empresariales puede servir para alimentar un relato político, pero no resuelve el problema de fondo.
Y el problema de fondo es que Zaragoza lleva demasiado tiempo atrapada en un modelo que parece medir el éxito únicamente en términos de ingresos. La defensa del interés público exige algo más. Exige compatibilizar la sostenibilidad económica con la calidad de los espectáculos, la promoción de la afición y el fortalecimiento de una actividad cultural reconocida por la legislación española.
La sensación que deja este nuevo episodio es que la Diputación Provincial sigue centrada en la dimensión económica del asunto mientras la dimensión cultural permanece en un segundo plano. Y cuando una administración olvida parte de las obligaciones que justifican su intervención, el interés público termina convirtiéndose en una expresión vacía.
La cuestión ya no es únicamente cuándo habrá empresa adjudicataria o cuándo volverán los toros a La Misericordia. La verdadera pregunta es si la gestión de una plaza pública está pensada para recaudar o para contribuir al futuro de la tauromaquia. Porque ambas cosas deberían ser compatibles. Cuando dejan de serlo, es evidente que algo no se está haciendo bien.
